La Red Medusa requerian peaje del 20 % a empresas a las que entregó contratos

Mucho antes de que se publicara de manera oficial la licitación para el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, el exprocurador Jean Alain Rodríguez y los miembros de la red Medusa ya tenían seleccionadas a las constructoras que resultarían ganadoras; estas debían devolver un “peaje” del 20 % sobre el monto total del contrato en favor de los integrantes de la red de corrupción.

El documento establece que un reconocido ingeniero (cuyo nombre no fue revelado) fue contactado por Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del exprocurador Jean Alain Rodríguez, para informarle de que abrirían un proceso de licitación para el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario y que “necesitaban constructoras de confianza”. Le habría propuesto que participara, pero el ingeniero desechó participar porque “había una relación de amistad clara con Jean Alain Rodríguez y eso podría traer un tema de cuestionamiento” y tampoco era “contratista del Estado”.

El ingeniero aprovechó la oportunidad y buscó “opciones de amistades cercanas” y “gente de confianza” para que participaran en la licitación donde les aseguraban los contratos a cambio del pago del peaje (20 % del contrato que recibirían). Una vez reunidos los nombres de las constructoras, el ingeniero se juntó nuevamente con Canó Sacco para mostrarle el perfil de las constructoras y Canó Sacco dio el visto bueno, de acuerdo con los documentos.

“Con algunas de esas compañías yo había tenido sociedades, con el consorcio Remix, hice ese negocio, la presidenta del consorcio que es Raffaella Delfina, yo tuve una inmobiliaria que se llamaba Delfina-Casasnovas … después esa sociedad dejó de operar. Ellos se interesaron en participar en las licitaciones y entonces se abre el proceso de licitación”, narra el ingeniero, según consta en el expediente.

Ese mismo expediente del caso Medusa establece que el exprocurador Rodríguez y los demás imputados integraban una red de corrupción que operó desde la Procuraduría General en el período 2016-2020 y que estafó al Estado dominicano con más de 6,000 millones de pesos.

Expandir imagenInfografía
Algunos de los implicados en la red del caso Medusa son custodiados por agentes. (ARCHIVO / DIARIO LIBRE)
Empresas y dueños
En la lista de empresas estaban el Consorcio Remix-Rotilla, presidido por la empresaria Raffella Delfina Mazzone; Marizán Ingenieria Construcción y Bienes Raíces S.R.L. propiedad de Grandersio Marizán; también la Constructora Pablo Yarull y Asociados, propiedad del ingeniero y exasesor del Poder Ejecutivo Pablo Yarull.

La documentación también menciona a la empresa Mac Construcciones S.R.L. que está vinculada a la familia del ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla.

Según establece la Pepca, luego de que Canó diera la autorización se abrió la licitación. En lo adelante, todo el proceso, según la investigación, debía realizarlo el exdirector administrativo de la Procuraduría, Jonathan Rodríguez Imbert.

En seguida, Jonathan Rodríguez habría convocado a una reunión con los contratistas para definir el tema “de los contratos. Por cuánto serían los montos… cuál lote se le asignaría a cuál constructora, ahí hubo una discusión de quienes eran los lotes.”

“Se habla de que ahí hay lotes comprometidos, como el de movimiento de tierra, todo esto es antes de que se realice la licitación de manera oficial”, dice el documento.

En esa primera reunión con los contratistas estuvo Jonathan Rodríguez, además de Rafael Antonio Mercedes Marte, el exdirector de Contabilidad de la Procuraduría, según el documento. Allí se habría discutido el esquema del 20 % “y que esto debía salir del primer pago”.

Aunque después de una discusión flexibilizaron.

El dinero entregado en efectivo
El dinero del “peaje”, según establece el documento de la investigación, se entregaba en efectivo a Jonathan Rodríguez y Rafael Mercedes. La investigación indica que la ingeniera Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos de la Procuraduría, era la encargada de firmar las cubicaciones. A estos tres se le conoció medida de coerción junto a Jean Alain Rodríguez, Alejandro Forteza Ibarra, Altagracia Guillén Calzada y Miguel José Moya. El imputado Canó Sacco está pendiente de extradición desde España.

El Medusa establece que el exprocurador y los demás imputados integraban una red de corrupción que operó desde la Procuraduría General en el período 2016-2020 y que estafó al Estado dominicano con más de 6,000 millones de pesos.4 El dinero del “peaje”, según establece el documento de la investigación, se entregaba en efectivo a Jonathan Rodríguez y a Rafael Mercedes.

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La investigación indica que la ingeniera Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos de la Procuraduría, era la encargada de firmar las cubicaciones. A estos tres se les conoció medida de coerción junto a Jean Alain Rodríguez, Alejandro Forteza Ibarra, Altagracia Guillén Calzada y Miguel José Moya. El imputado Canó Sacco está pendiente de extradición desde España.

El expediente de la Operación Medusa establece que el exprocurador y los demás imputados integraban una red de corrupción que operó desde la Procuraduría General en el período 2016-2020 y que estafó al Estado dominicano con más de 6,000 millones de pesos.

“Por el tema que se presentó con el avance y los contratistas, ellos me piden que interceda. Es ahí que hablo con Jonathan Rodríguez, porque el señor Rafael Canó no quería ver a ningún contratista, entonces yo le pedí que nos reuniéramos para pedirle que flexibilizara con ese tema del pago de lo que para mí era una extorsión. Entonces se negoció y ellos flexibilizaron, y la suma que cada contratista fue pagando fue negociada por cada contratista de manera independiente”, dice el expediente al que Diario Libre tuvo acceso. “No se pudo materializar por razones obvias ya que los ingenieros no podían iniciar la obra con una totalidad del financiamiento de su parte porque iban a quedar descapitalizados, pero eso pasó con todos los contratistas con el tema del avance que hubo inconvenientes” se indica.

Pagos por asesorías
Según refleja el expediente, en el interrogatorio este supervisor había informado al Ministerio Público, que además de los 75,000 pesos mensuales que recibía como empleado de la empresa Kabul, para revisar los informes, también recibió otros montos, algunos en efectivo.

“Yo era supervisor para MAC, pero yo chequeaba el informe, que estuviera presentable, pero no lo elaboraba, solo lo veía, para corrección y darle alguna forma, una especie de aprobación final. Por ese trabajo yo tenía un salario de 75 mil pesos que eran pagos mensuales, por un tiempo determinado”, dice el expediente.

Este testigo habría hecho trabajos de supervisión dentro del Plan de Humanización de la Procuraduría, por el que también recibió dinero extra, de acuerdo con el expediente.

“Yo fui asalariado y le facturé a varias compañías como son Kabul, esa empresa tenía el lote de MAC (para supervisión), Marizan Ingeniería era supervisada por Ebusa Coviedo, tenía un paquete de lotes. Todos los trabajos los facturé por Kabul, nosotros hicimos un acuerdo, ellos me dieron un dinerito, por las compañías ellos me dieron un millón de pesos”, agrega el expediente.

Otros pagos
Según dice el expediente esta persona confirmó que recibió una comisión de la constructora Marizan Ingeniería, por el monto de un millón 445,000 mil pesos en el año 2019; también recibió un millón de pesos, para lo que emitió una factura en mayo de 2019; de la empresa consorcio Remix Rotilla recibió 2 millones 200 mil pesos el 06/04/2020 para lo que emitió una factura en la que decía que había hecho un trabajo de construcción y obras civiles.

También emitió otra factura el 1 de octubre de 2020 por tres millones 762 mil 292 pesos con 58 centavos y de la Constructora Pablo Yarull & Asociados recibió un cheque de dos millones de pesos; otro cheque por cuatro millones de pesos y después otro pago por 180 mil pesos.

El testigo narró que recibió otro pago de 180 mil pesos del 11 de octubre de 2019 y otro de 120 mil pesos. “Pero esas facturas no son reales de contenido, simulamos el préstamo para justificar el cobro por la comisión que recibí por poner a Pablo Yarull en contacto para obtener la asignación de la licitación”, dice el expediente.

Asesoró empresa MAC
Según el expediente acusatorio a Jenny Marte, encargada de Proyectos del Despacho de la Procuraduría y responsable del Plan de Humanización, no le gustó el informe presentado por la empresa MAC Construcciones S.R.L. por lo que este ingeniero, que trabajaba como asalariado en la empresa de supervisión Kabul, es asignado para chequear el informe y que estuviera presentable.

Se recuerda que en julio del pasado año el ministro Macarrulla declaró que en el contrato de la empresa de su familia Mac Construcciones, sobre el complejo penitenciario denominado Nueva Victoria, no hubo sobrevaluación y se cumplieron los procesos.

“Nosotros fuimos a una licitación pública; está en las redes y en la página de Transparencia del Gobierno todo el proceso como se llevó. Participamos en dos lotes y ganamos uno; no fue que se repartió, eso se ganó (en) un concurso donde participaron muchísimas empresas e inclusive esa gestión del Ministerio Público licitó alrededor de 40 obras, no solamente esas cinco, y nosotros participamos en dos lotes de esa específicamente, no participamos en los demás”.

Empresas amenazadas
Según el expediente había amenazas a las empresas de quitarles las obras. “Tanto Jonathan Rodríguez como Rafael Canó, me decían que si los constructores no pagaban el 20 % les quitarían las obras. Cuando Yarull o Remix, no hacían el pago de una cubicación anterior, es decir, lo que se le debía entregar a quellos que decían que había que entregar el dinero, para eso me contactaba mucho el dos y el tres, es decir Rafael Canó y Jonathan Rodríguez”, dice el ingeniero, de acuerdo con el expediente.

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